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GOYITO Y RAFIN

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Magazín Bilingüe de Sátira Política, Humor,  Anécdotas, Cuentos, MASCOTAS y Algo de Literatura Puertorriqueña

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San Juan--Puerto Rico

PURA VELA

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2019

El Insólito Caso del ELA vis a vis el Congreso de EE.UU Ponencia del Juez Gelpí Tribunal Distrito Federal para PR.

Rafin R. Mena

 

 

Gustavo Antonio Gelpí, Jr. a la edad de 40 años fue el Juez de Distrito Federal para Puerto Rico, más joven al ser nombrado en el 2006. Es graduado en Artes en el 1987 en la Universidad Brandais y de Derecho en la Universidad Suffolk en el 1991 de donde curiosamente, también recibió Doctorado Honoris Causas en el 2002.

 

Aparte de su experiencia en el campo de las Leyes habiendo participado en innumerables posiciones en el ámbito Federal como Estatal, que lo distinguen y lo cualifican ampliamente para su cargo como juez Federal, es contrario a otros jueces, un magistrado Federal de amplia participación ciudadana. Ha sido visto constantemente en actividades ciudadanas, como orador a estudiantes de Escuela Superior y hasta sentado  en partidos de Basket Ball,  al lado de muchachos de la Adminstración de Corrección de Puerto Rico.

 

En septiembre del  2013 fue nombrado Presidente Nacional del Bar de Abogados de los Estados Unidos siendo el segundo Hispano a ser nombrado a dicho cargo y el primer juez Federal. No hay dudas que este está cortado de tela muy pero que muy distinta de todos lo otros jueces tanto allá en Norte como aquí en Puerto Rico.

 

Pero esta breve exposición no está encaminada aunque meresedisma  exponer sus virtudes sino a un caso donde es el autor de la opinión de la Corte Federal donde se determinó que contrario a la posición de mucha gente, instituciones federales y hasta el Congreso de los Estados Unidos, Puerto Rico había dejado de ser un Territorio no Incorporado, para convertirse en un Territorio Incorporado de los Estados Unidos.

 

No queremos abrumar a nuestros lectores con el complejo proceso que se dio en el caso solo le daremos como a manera de “dictum”, resumen o sinopsis, los puntos que más relevancia tienen para puertorriqueño precisamente ahora que nos encostramos  en unas condiciones atroces en cuanto a nuestra economía y existencia como ente político. Lo que vamos a exponer del caso, no debe ser visto como defensa o base para estatus político en particular, sino como una de las razones del porque de nuestra precariedad como Pueblo. Buscando las razones, aparte del mal gobierno que hemos tenido por estos últimos treinta años bajo “azules” y :”rojos”, veremos en el mismo, sin dudas algunas, una de las, o la principal .

 

¿Qué quiere decir el caso”

Primero: Puerto Rico ha evolucionado a través de los años y desde el “Cambio de Soberanía”, allá para el 1898 luego de la Guerra Hispanoamericana y con el Tratado de Paris; Ley Foraker;  Ley Orgánica de 1900, norma judicial aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América para organizar el gobierno civil de Puerto Rico entonces, vigente hasta 1917, cuando fue reemplazada por la Ley Jones-Shafroth o Ley Jones.

 

Entre el 18 de octubre de 1898 y el 1 de mayo de 1900 existía un gobernador militar, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos. Esta Ley establecía un gobierno civil dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo estaba a cargo de un Gobernador, nombrado por 4 años por el Presidente de los EE.UU, previa consulta al Senado. El Gobernador era asistido por un Consejo Ejecutivo, designado de la misma manera e igual periodo que el Gobernador y compuesto por 11 personas, de los cuales 5 debían ser puertorriqueños.  El poder judicial se componía de una Corte Suprema y Tribunales de Distrito. Se creó la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. Por sufragio popular, un Comisionado Residente, sin derecho a votar, ante la Cámara de Representantes de los EE.UU.

La Ley creó la ciudadanía puertorriqueña y posteriormente, la Ley Jones (1917) extendió la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños. Se declararon como idiomas cooficiales el español y el inglés. Todas las leyes federales tendrían vigencia en Puerto Rico. Si bien la Asamblea Legislativa tenía plenos poderes y derechos de discutir y aprobar la legislación que se aplica internamente en Puerto Rico, todos los proyectos promulgados debían ser remitidos al Congreso de los Estados Unidos, quien ... “se reserva la facultad de anularla si lo tuviere por conveniente” (art. 31 Ley Foraker). Además, se permitió el divorcio vincular y se estableció el matrimonio civil. Se establecía una marina mercante. El dólar estadounidense pasó a ser la moneda de curso legal y se estableció un canje forzoso con respecto a la moneda anterior.

En el 1946 el presidente Harry S.Truman nombra a Jesús T. Piñeiro como primer Gobernador puertorriqueño bajo la ocupación norteamericana. Y en el 1947 se enmienda la Ley Jones para permitir a los puertorriqueños elegir su propio gobernador, siendo el primero Luis Muñoz Marín.

 

En el 1950 a petición de la Legislatura de Puerto Rico, se aprueba en el Congreso la Ley 600. Esta ley autorizaba al pueblo de Puerto Rico a regirse mediante una constitución redactada por sí mismos. Exigía la celebración  de un referéndum en el que se aceptaría o rechazaba lo establecido en esta ley. Una vez aceptada, se comenzaría la redacción de una constitución que se sometería ante el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos; para su aprobación final. Aqui comienza la interrogante, de si el País era un territorio no incorporado. El País interpretaba la Ley 600, como que reconocía el principio de gobierno por consentimiento y el concepto de convenio; como reconocimiento implícito de que la Isla disfrutaba de una nueva condición de "territorio asociado". Para los Estados Unidos era un asunto de decisión futura. La decisión final sobre la ratificación quedaba en manos del Presidente y el Congreso para que esta constitución pudiera entrar en vigor.

Al quedar intacto el artículo V (de la Ley Jones de 1917), este se convertiría en la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico; y dejaría a su vez intacto también, las relaciones económicas de Puerto Rico con los Estado unidos. Lo que dejaba las prohibiciones que se mantenían bajo la Ley de Cabotaje y las imposiciones de contribuciones sobre productos exportados desde la Isla hacia los Estados Unidos.

 

Sólo se le acreditaba a esta ley, el dar la oportunidad a los puertorriqueños de expresarse sobre su relación con los Estados Unidos y tener en su poder una gran parte de las decisiones sobre la administración del gobierno local. En el Partido Estadista la mayoría no apoyaba la Ley 600, porque entendían que iba contra la estadidad, al no ofrecer este status entre las alternativas. El Partido Socialista apoyaba dicha medida, porque entendían que era una oportunidad que constituía un paso de avance dentro del proceso democrático. Por el contrario, el Partido Independentista se opuso por entender que iba en contra de las libertades y derechos de los puertorriqueños. Por su parte el Partido Nacionalista, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, comenzó a oponerse activamente al gobierno norteamericano en Puerto Rico. Y estalla el levantamiento armado en distintos puntos de la Isla. Comienzan los arrestos y allanamientos contra todo aquel que se sospechaba que tenía relación con los nacionalistas.  El Partido Independentista, ante esta situación, reclama que su lucha por la independencia de la Isla; era una pacífica.  Mientras estadistas y populares condenaban estos actos.

 

Una vez redactada la constitución, se sometió a un referéndum, cuyo resultados alcanzó el 80% de los votantes apróximadamente; siendo así, aceptada con tan significativo porciento. El Presidente Harry S. Truman la aceptó y la envió al Congreso donde recibió enmiendas respecto a la enseñanza obligatoria, para que no se entendiera que debía darse sólo en las escuelas públicas. Otras objeciones de los congresistas como condición para su aprobación, era el derecho a enseñanza gratuita hasta la escuela secundaria, a obtener un trabajo, a disfrutar de un nivel de vida adecuado, a la protección social en el empleo, enfermedad, vejez o incapacidad, el derecho a toda mujer en estado de embarazo y el derecho a todo niño a recibir ayuda y cuidos especiales. Este contenido tomó dos décadas aproximadamente, para comenzar a aprobar leyes en esa dirección. Algunos congresistas consideraron que resultaba de cierta peligrosidad, este contenido social; arriba indicado; por lo que pusieron como condición para su aceptación, su eliminación. Lo que así sucedió, y la Convención Constituyente proclama el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 25 de julio de 1952.

 

El Juez Gelpi analiza estos casos al igual que la ponencia de Henry Cabot Lodge embajador de Estados Unidos ante la ONU ante el Comité de Descolonización del 20 de marzo de 1953 donde Henry Cabot Lodge, había comunicado al Secretario General de la ONU que su país no continuaría enviando informes  sobre Puerto Rico conforme a la Carta de la ONU.  Aprobadas las modificaciones por la ¨convención constitucional¨ autorizada por la Ley 600 mediante la Resolución 34 de 10 de julio de 1952, y habiéndose proclamado ese mismo mes el día 25 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Asamblea General de la ONU aprobó el día 27 de noviembre de 1953 mediante votación de 26 votos a favor, 11 votos en contra y 19 abstenciones su Resolución 748 (VIII). Mediante esta Resolución, la ONU concluye que considerando según se le ha indicado ¨que el acuerdo a que han llegado los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al constituir una asociación política que respeta la individualidad y la fisonomía cultural de Puerto Rico, mantiene los lazos espirituales entre Puerto Rico y la América Latina y constituye un vínculo en la solidaridad continental¨, Puerto Rico ¨ha alcanzado un nuevo status constitucional¨. Indica también en su Resolución que la asociación concertada ha sido de ¨común acuerdo¨; que Puerto Rico ¨ha ejercido efectivamente su derecho de autodeterminación¨; que el pueblo puertorriqueño ha sido ¨investido de atributos de soberanía política¨ que le colocan en el plano de una ¨entidad política autónoma¨, por lo que, en consecuencia, cesa la obligación de Estados Unidos de rendir informes sobre Puerto Rico al amparo del Capítulo XI de la Carta de la ONU.

 

Seguidamente, luego de este caso, el juez Gelpí ha asumido ante diferentes organismos de Puerto Rico y de los Estados Unidos, luego de un estudio comparado de otras jurisdicciones de los EE.UU.,que el estatus de Puerto Rico es uno de carácter sui generis y que no puede ser interpretado como un territorio no incorporado ya que ningún otro bajo la bandera americana, tiene los perfiles bajo los términos que se le han concedido a Puerto Rico. Su ponecia en detalle puede ser asesada:

 en https://www.google.com.pr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGo77WqtrLAhXF5yYKHUDsDYsQFghBMAY&url=https%3A%2F%2Fnoticiasmicrojuris.files.wordpress.com%2F2014%2F02%2Ffea-gelpi_0311.pdf&usg=AFQjCNGC85eDXjxOmlnbwqYB-BeTazIOkQ&sig2=2hA5DSogKTSMTZD31Scp-g

 

Al validar este significativo caso, encontramos que Puerto Rico entonces es discriminado al negársele paridad en todos los programas Federales. Un ciudadano nortemericano tiene la igual protección de las Leyes de la Nación y los puertorriqueños son ciudadanos considerados nacidos en los EE.UU., y asi reconocido en la jurisprudencia Federal: Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298, 310- 311 (1922); Pero este caso, dejo sin contestar una serie de preguntas que pueden ser dilucidadas en  United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542 (1875) pp 549; Snowden v. Hughes, 321 U.S. 1, 7 (1943) y finalmente en el 1997 el Gobernador Pedro Roselló aplicando los dictums de estos casos citados, firmó la ley132 que reconoce que un puertorriqueño, al igual que cualquier otro Estado, es ciudadano de ese Estado pero también de los EE.UU.

Will be translated...

¿ ¿Es Puerto Rico un Territorio Incorporado o No incorporado??

Son muchos los derechos y prerrogativas ciudadanas que el Juez Gustabo Gelpí valientemente contesta contrario a los que muchos políticos de Puerto Rico creen.

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